Más de 50 figuras religiosas, incluidos 43 sacerdotes, han sido expulsadas forzosamente de Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega tras las protestas contra su régimen en 2018, según informa una ONG.
Desde 2023, el gobierno nicaragüense ha llevado a cabo múltiples expulsiones dirigidas a miembros de la Iglesia Católica, con más de 50 figuras religiosas, incluidos 43 sacerdotes, siendo obligados a salir del país y alrededor de 200 impedidos de entrar, según la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, que opera desde Costa Rica.
Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han acusado a la Iglesia de apoyar las protestas de 2018, que resultaron en más de 300 muertes, según la ONU, y lo ven como un intento de golpe patrocinado por Washington.
El régimen ha detenido arbitrariamente al menos a 74 figuras religiosas y les ha despojado de su nacionalidad a 35 de ellas desde entonces. Esta persecución contra la Iglesia se considera como crímenes de lesa humanidad, con un alarmante nivel de control y represión que afecta tanto a la fe católica como a la evangélica.
A pesar de los llamados internacionales por la libertad religiosa, el gobierno nicaragüense continúa con su implacable persecución de instituciones y personas religiosas, creando una situación desesperada que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha intervenido para abordar al emitir medidas de protección para críticos del gobierno y miembros de la oposición que han desaparecido misteriosamente tras su encarcelamiento.
La Represión Continua del Gobierno Nicaragüense contra Figuras Religiosas: Revelando Nuevas Realidades
La expulsión de figuras religiosas en Nicaragua por el gobierno de Daniel Ortega ha tomado un nuevo giro, con informes recientes que arrojan luz sobre hechos perturbadores adicionales que no se habían destacado anteriormente. A medida que la situación se desarrolla, surgen preguntas vitales, tales como:
1. ¿Cuáles son las razones subyacentes de la intensificación de la represión del gobierno nicaragüense contra figuras religiosas en los últimos años?
2. ¿Hay implicaciones legales específicas o justificaciones presentadas por el gobierno para respaldar sus acciones?
3. ¿Cómo ha respondido la comunidad internacional a estas violaciones flagrantes de la libertad religiosa en Nicaragua?
Desarrollos recientes han puesto de manifiesto que, además de las expulsiones forzadas y detenciones de figuras religiosas, el gobierno nicaragüense también ha implementado regulaciones estrictas sobre las actividades y expresiones de las instituciones religiosas. Esto ha llevado a una significativa restricción de la libertad religiosa y de expresión dentro del país, generando preocupaciones entre organizaciones y defensores de derechos humanos.
Las ventajas de las acciones del gobierno nicaragüense pueden incluir la consolidación del control político y el silenciamiento de voces disidentes, lo que podría contribuir a mantener la estabilidad desde la perspectiva del gobierno. Sin embargo, las desventajas son de largo alcance y graves, abarcando violaciones evidentes de derechos humanos fundamentales, incluyendo la libertad de religión, de expresión y de asociación.
Los desafíos clave asociados con esta represión de la libertad de religión incluyen la erosión de la democracia y las libertades civiles, la escalada del descontento social y la condena internacional, alimentando las tensiones diplomáticas. Surgen controversias sobre los motivos del gobierno y las implicaciones morales de su persistente ataque a figuras religiosas, lo que suscita preocupaciones acerca de los principios subyacentes que guían la gobernanza en Nicaragua.
En medio de estos desafíos y controversias, la urgente necesidad de responsabilidad y defensa de la libertad religiosa en Nicaragua se vuelve primordial. Abordar las causas raíz de la represión, garantizar la supervisión y presión internacional, y apoyar a las comunidades religiosas afectadas son pasos cruciales para salvaguardar los derechos humanos y mantener los valores democráticos en el país.
Para más información y actualizaciones sobre la situación en Nicaragua, visita Naciones Unidas o explora informes de organizaciones como Amnistía Internacional.
