Desde la toma de poder por los talibanes en agosto de 2021, Afganistán ha experimentado una alarmante regresión en materia de derechos humanos. La situación se ha deteriorado significativamente, afectando a diversos sectores de la sociedad afgana, con un impacto particularmente severo en mujeres y niñas.
Los talibanes han implementado una serie de restricciones que buscan eliminar la presencia de mujeres y niñas de la vida pública. Estas políticas han resultado en la marginación sistemática y la opresión de las mujeres, privándolas de sus derechos fundamentales y libertades básicas. Las mujeres enfrentan prohibiciones para trabajar, estudiar y participar en actividades sociales, lo que las relega a un estado de invisibilidad forzada.
Además, la represión no se limita a las mujeres. La población civil en general ha sido víctima de ataques y violaciones de derechos humanos. La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) documentó miles de víctimas civiles desde la llegada de los talibanes al poder, con numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. En la provincia de Panjshir, por ejemplo, se han reportado castigos colectivos y ejecuciones sumarias de personas acusadas de apoyar al Frente de Resistencia Nacional.
Las minorías religiosas también han sufrido bajo el régimen talibán. Grupos como los chiíes, sijs, hindúes y cristianos enfrentan discriminación y violencia, con restricciones severas en sus prácticas religiosas. La represión de las protestas pacíficas, muchas de ellas lideradas por mujeres, ha sido brutal, utilizando fuerza excesiva para dispersar a los manifestantes.
En este contexto de represión y violaciones de derechos humanos, la comunidad internacional ha llamado a la acción. Organizaciones como Amnistía Internacional instan a la creación de mecanismos de rendición de cuentas para asegurar justicia y reparación para las víctimas. La situación en Afganistán sigue siendo crítica, y la lucha por los derechos humanos continúa siendo una prioridad urgente.
