El gobierno de Nicaragua, bajo la administración de Daniel Ortega, ha cerrado recientemente otras 15 organizaciones no gubernamentales (ONG), elevando el total de asociaciones ilegalizadas a más de 3600 desde diciembre de 2018. Esta medida forma parte de una serie de acciones que el régimen ha implementado desde las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Entre las ONG clausuradas se encuentran diversas asociaciones que operaban en sectores como la música, la ganadería y el consumo responsable. La mayoría de los bienes de estas organizaciones han sido transferidos al Estado, según lo dispuesto por el Ministerio del Interior. Este organismo justificó el cierre de 13 ONG por incumplimientos legales y señaló que las otras dos solicitaron su disolución voluntaria.
El proceso de disolución ha sido aprobado por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua. La Procuraduría General de la República se encargará de la liquidación de los bienes muebles e inmuebles de las organizaciones afectadas.
El gobierno sandinista ha argumentado que muchas de estas ONG utilizaban recursos de donaciones para actividades políticas, incluyendo intentos de desestabilización del gobierno durante las manifestaciones de 2018. Además, se ha mencionado que la ilegalización es parte de un proceso de ordenamiento, ya que no todas las ONG registradas estaban operativas.
Nicaragua enfrenta una crisis política y social desde 2018, la cual se ha intensificado tras las elecciones generales de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido en medio de controversias y con sus principales opositores encarcelados o exiliados.
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