Un preso político es una persona detenida no por cometer un delito común, sino por sus ideas políticas que desafían al sistema establecido. Este concepto se distingue del preso de conciencia, quien no emplea ni promueve la violencia. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa define a un preso político como alguien cuya detención viola las garantías fundamentales del Convenio Europeo de Derechos Humanos, como la libertad de pensamiento, expresión y asociación.
La detención de un preso político puede ser desproporcionada en duración o condiciones en comparación con el delito imputado, o puede ser discriminatoria en relación con otros detenidos. Además, los procedimientos legales que llevan a su detención suelen ser injustos, reflejando motivos políticos de las autoridades.
Determinar quién es un preso político puede ser complicado, ya que las opiniones y actitudes no suelen estar legisladas. Los gobiernos a menudo califican a estos individuos como «terroristas» o «subversivos» para justificar su encarcelamiento, mientras que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional abogan por juicios justos y denuncian estas prácticas como violaciones a los derechos humanos.
La existencia de presos políticos es un tema controvertido y raramente admitido por los estados, que utilizan procedimientos legales para ocultar esta condición. La prisión por motivos políticos es vista como una violación a los derechos de libertad de conciencia y expresión, y sigue siendo un punto de disputa entre gobiernos y defensores de derechos humanos.
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